3500 Profesores Inhabilitados
En el segundo semestre del año próximo pasado, la Universidad de Carabobo, conforme a la normativa del caso, hizo una convocatoria de concurso público a los fines de dar ingreso a 700 nuevos profesores ordinarios, por la vía de Concursos de Credenciales y Oposición. Llevado a cabo el protocolo académico y legal, nuestra Rectora Magnífica, Dra. Jessy Divo, cerró el proceso otorgando 369 nombramientos a igual número de nuevos docentes.
Transcurridos siete (7) largos meses, a los nuevos profesores se les ha hecho imposible la inscripción en el Instituto de Previsión y Ahorro del Personal Docente y de Investigación (IPAPEDI) de la UC. Este, como se sabe, es el instituto mediante el cual la universidad cumple con el imperativo legal de brindar la protección social a su profesorado. Quienes se niegan a inscribir a los nuevos profesores, sin ningún asidero normativo, dicen y aducen, simple y llanamente, que el registro de nuevos ingresos está ”temporalmente suspendido”, suspensión que, sin nadie que le ponga el cascabel al gato, pudiera extenderse ad infinitum. ¡Increíble!
Consecutivamente, los pasados domingos 18-02-2024 y 25-02- 2024, escribí sendas crónicas sobre dicho asunto. En efecto, las tituladas: ¿Y el derecho de 369 nuevos profesores, qué?; así como, Ingresos CON o SIN caja de ahorro, que fueron artículos en los que se examinaron las actuaciones violatorias y sus consecuencias negativas para sus víctimas; sin dejar de señalar que tales actuaciones son éticamente contrarias a los valores y principios que singularizan el espíritu universitario de quienes somos educadores UCistas.
Aún así, una vez más clamamos contra la argucia: Debe hacerse justicia a los nuevos colegas a quienes se les desconocen los derechos que se derivan de la aplicación del artículo 114 de la Ley de Universidades, pues ello arrastra consigo un daño patrimonial, pues al no estar inscritos en IPAPEDI, su salario anual es menor, y menores también los bonos vacacional y de fin de año. Amén de que, por su incidencia, se aminora la cuantía de las prestaciones sociales.
Y como si fuera un castigo, los 369 nuevos profesores están de facto inhabilitados, para hacer uso, eventualmente, de alguno de los programas y servicios de previsión social que se ofreciere (algo que es un deber) por parte de nuestro instituto de previsión y ahorro en el cumplimiento de su misión.
A los nuevos colegas, además, se les priva de ser electores y elegidos en algún proceso electoral de IPAPEDI, como los hubimos, pero que ahora han sido también suspendidos por su directiva, sin siquiera enmascarar tamaña arbitrariedad.
Lo insólito del caso es que estas situaciones puedan ser adelantadas por las ilegítimas directivas de los consejos de administración y vigilancia sin dar a conocer los motivos y razones de tan evidente violación de tales derechos colectivos o difusos.
La presente crónica, por cierto, la No 94 que dedico a la causa de rescatar nuestro órgano previsional y su caja de ahorro, la intitulo: IPAPEDI: 3500 Profesores Inhabilitados. Me orienta y motiva el propósito de poner de relieve y en evidencia cómo en los hechos, los 3500 profesores UCistas asociados, estamos amenazados y, en definitiva, expuestos a ser injustamente inhabilitados.
Una inhabilitación es injusta cuando pretende imponerse sin base legal y sin el debido proceso. Ocurre cuando es un recurso para reprimir y tratar de impedir la acción del pensamiento crítico; o cuando se basa en motivaciones personales subjetivas, antes que en hechos de carácter incontrovertible.
Los profesores apreciamos que de manera desproporcionada y excesiva estamos siendo atropellados y vulnerados, tal vez por haber osado improbar, lo cual era nuestro irrefutable derecho, de modo categórico ―aplastante― las memorias y cuentas de los Consejos de Administración y de Vigilancia, correspondientes a los años 2019 y 2020.
La fotografía que acompaña a esta entrega es más que elocuente. El ilegítimo presidente de nuestro instituto de previsión, acompañado del presidente de SUDECA, anuncia que están ”trabajando con las principales cajas de Ahorro del país en la constitución y promoción del fondo mutual de capital abierto (FONCAV, C.A.), para impulsar la diversificación de las inversiones en el sector” (¿será presentado como modelo la inversión en Chichiriviche?).
Lo anterior hace presumir una entrega de la soberanía de las decisiones que indiscutiblemente deben recaer en los 3500 profesores UCistas, por cuanto somos los auténticos y genuinos propietarios del instituto, al menos legalmente, pero no en la práctica de los que parecieran nuevos bucaneros.
Con descarada irresponsabilidad, los directivos de los consejos de administración y vigilancia, con períodos vencidos, han acordado no convocar más asambleas de profesores a los fines de que se conozcan, sancionen y decidan las memorias y cuentas de los años 2021, 2022 y 2023. Argumentan que no hay necesidad de rendir cuentas a los asociados, porque basta contar con el ¡siempre solidario! apoyo del órgano rector (SUDECA), o sea del funcionario de marras, del gobierno, pues.
Profesor(a), los actuales directivos con período vencido, y, en consecuencia, al margen de la ley, saben que la derrota, como inevitable castigo, acompañará al caradura que pretenda representar el continuismo en IPAPEDI. Ese hecho los impulsa a cometer el desafuero democrático de resistirse al llamado de elecciones, prefiriendo el error histórico de querer convertir nuestro instituto, que es una asociación civil, con fines de seguridad social en una sociedad civil con el gobierno dirigida al lucro crematístico.