Derecho de palabra en Consejo Universitario
En crónicas recientes, y con insistencia, he venido refiriendo un asunto, que según mi parecer, pone de manifiesto el nivel de degradación moral al que puede llegar una persona producto del miedo; en este caso, el miedo a ser derrotado en un proceso electoral a causa del fracaso por el desvarío y extravío de su gestión.
El asunto al cual me refiero es la insólita situación que viven los 369 profesores, que, desde agosto del año pasado pasaron a ser miembros del personal docente ordinario de la UC, una vez recibida la acreditación como tales por la Rectora Magnífica, Dra. Jessy Divo.
Ciertamente, desde hace siete (7) meses, a 369 nuevos profesores se les vienen privando de los derechos que se derivan del artículo 114 de la Ley de Universidades, los correspondientes a la protección social de ellos y sus familiares. Y, junto a ello, para agravar el perjuicio, el daño patrimonial por el hecho de que, al no estar inscritos en IPAPEDI, el salario anual devengado es menor, así como menor es el monto del bono vacacional, el bono de fin de año (aguinaldo) y, desde luego, la incidencia que todo esto tiene en la cuenta de prestaciones sociales.
Hasta hace cerca de mes y medio, la dañosa situación antes descrita era en gran medida ignorada por las instancias de gobernanza de nuestra universidad. Cabe decir, que incluso, por los propios profesores afectados, pues en contacto con ellos, hemos advertido su desinformación al respecto.
Desde entonces, un grupo de veinte (20) profesores nos hemos abocado al problema. Y preocupados por tamaña irregularidad, y en empatía con la situación de abandono en que se hallan los nuevos colegas, lo primero que hicimos fue allegarnos a la sede de IPAPEDI, y proceder a hacer la denuncia. En ausencia de su presidente, que parece evitarnos después de haberle mentido al grupo que le solicitara una nueva fecha para las elecciones del Instituto, y después de la falsa denuncia, en afán de victimización, en la que nos señala como supuestos amenazantes de su integridad física (Véase el Comunicado Urgente). Vaya disparate distractor.
En lo personal, he dedicado tres (3) crónicas dominicales referidas al tema de los nuevos profesores. El profesor Gerardo Vásquez, por su parte, en un derecho de palabra ante el Consejo Universitario planteó la problemática. Asimismo, los profesores ayunadores, José Ignacio Nieves, Angel Vásquez y Carlos Villaverde lo hicieron parte de sus reclamos. También la profesora Liliana Camaray, en su ayuno y valiente postura, que tuvo que cumplir en la acera de la parte externa de la sede de IPAPEDI, por la orden del susodicho ilegítimo presidente, que ordenara cerrarle las puertas.
Con todo, los Consejos de Administración y Vigilancia al día de hoy no se dan por aludidos. ¿Se habrán leído lo relativo a la obligación en que están de responder a las demandas de los asociados? ¿Sabrán que incurren en transgresión de la ley, cuando se atrincheran en el silencio administrativo?
No obstante, vamos a seguir con perseverancia demandando el establecimiento de los derechos abusivamente desconocidos a los 369 profesores. Ahora iremos, de nuevo, al Consejo Universitario. En efecto, un grupo de cerca de cuarenta (40) de ellos ha redactado una comunicación al CU que contiene el testimonio inequívoco del reclamo de los derechos que se les vienen negando al no registrarlos en IPAPEDI.
Esta vez será la profesora Liliana Camaray, quien en representación de ellos y junto a ellos, hablará ante el foro de la suprema instancia de gobierno de la universidad. A continuación transcribo el texto de la comunicación señalada.
Ciudadana: Dra. Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, y demás miembros del Consejo Universitario.
Ciudad.
Ilustres consejeros:
Quienes suscribimos, con el debido respeto, nos dirigimos a ustedes, en su condición de integrantes de la máxima autoridad de nuestra Universidad, y nosotros, en nuestra condición de nuevos miembros del personal docente y de investigación, enfocados en nuestros derechos ciudadanos y en los que se nos conceden como profesores de esta institución, con el propósito de solicitar de ustedes, lo que a continuación exponemos:
Consabido es que, a tenor con la Ley de Universidades, lo cual se especifica en su Artículo 114: “Las Universidades deben protección a los miembros de su personal docente y de investigación y procurarán, por todos los medios, su bienestar y mejoramiento. A este fin, la Universidad establecerá los sistemas que permitan cubrir los riesgos de enfermedad, muerte o despido; creará centros sociales, vacacionales y recreativos; fundará una caja de previsión social y abogará porque los miembros del personal docente y de investigación, así como sus familiares, se beneficien en todos aquellos servicios médicos o sociales que se presten a través de sus institutos y dependencias”.
Lo anterior constituye una obligación que no es delegable ni transferible. Que tiene, además, sustento constitucional en el Artículo 86 (CRBV), que establece lo que brevemente citamos: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, etc”. Que, para el caso de quienes suscribimos, profesores de una universidad pública, conforman derechos que obligan directamente al Estado, siendo estos, a su vez, colectivos o difusos.
Y consabido es, también, que nuestra institución, a poco de su reapertura, en agosto de 1961, más de sesenta años ha, dio origen al Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación, IPAPEDI en fecha 21 de marzo de 1961, para que fuera el organismo en el cual el Consejo Universitario, según el acuerdo No 42 del 25-08-1961, depositaba su confianza para la administración de las actividades de previsión social previstas en el artículo 114 de la Ley de Universidades.
Pues bien, es el caso que, tras haber resultado ganadores en los más recientes concursos de credenciales y oposición, y siendo acreditados como tales por la Rectora Magnífica, procedimos a la procura de la inscripción por ante el mencionado IPAPEDI, deseosos al mismo tiempo de conocer el sistema previsional desarrollado por esta universidad y dicha institución. Pues bien, la información que hemos recibido, de parte del personal del antes mencionado Instituto de Previsión, es que las inscripciones para el nuevo personal docente se encuentran temporalmente suspendidas y, que debíamos esperar hasta nuevo aviso. Lo cual nos sorprendió, pues de parte de colegas, con tiempo en la Universidad de Carabobo, habíamos recibido la información de que el asunto de la inscripción en IPAPEDI era apenas de trámite y que no había que cumplir con un tiempo indefinido de espera.
Adicionalmente, hemos sido informados de que nuestro salario anual sería mayor si estamos inscritos en IPAPEDI, que si no lo estamos. Más aún, el monto del bono vacacional y la cuantía del bono de fin de año y la incidencia en nuestras prestaciones sociales se verían afectados negativamente si no somos miembros de IPAPEDI. Esto último, incontrovertiblemente, nos causa un daño patrimonial y una desmejora salarial inmerecida.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a este magno organismo universitario, que haciendo uso de la autoridad que le otorga la ley la haga cumplir y se respeten nuestros derechos.
En Valencia, a los 13 días del mes de marzo de 2024. Atentamente, los abajo firmantes.
Profesor(a), lo he manifestado en diversas oportunidades y hoy Domingo de Pascua y Resurrección, lo reitero: No cesaremos en el afán y la perseverancia hasta que el estamento profesoral UCista haga realidad el renacimiento de nuestro instituto de previsión y ahorro. Hemos sembrado sacrificio, esfuerzo y dedicación. Dios mediante, cosecharemos la gracia de volver a tener un IPAPEDI que se preocupe y ocupe de la previsión social del profesorado.