Desagravio a 369 profesores UCistas

Hay injusticias que no hacen ruido. No escandalizan. No colman la atención en las redes sociales. Solo se llevan por dentro pero producen amargura. Allí quedan gota a gota. Quizá hasta que el cerebro se cansa y desconecta esos circuitos neuronales. Y todo termina por olvidarse. Tal vez este sea el caso, un tanto lejano, de los 369 profesores de la Universidad de Carabobo que, hace ya cosa de tres años, ganaron sus respectivos concursos de credenciales y de oposición, ratificados por la designación, por parte de la rectora magnífica, de su condición de profesores ordinarios de nuestra casa de estudios.

Conviene señalar que ser profesor ordinario en la UC no es un privilegio gracioso ni una concesión discrecional, sino el resultado de un proceso académico exigente y normado. Una condición que, junto a la expresa y libérrima voluntad del docente de asociarse, constituye la condición sine qua non para pasar a ser parte del Instituto de Previsión Social y Ahorro del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo, cuya creación ocurrió hace ya 64 años. Afiliación que ha de garantizar la debida asistencia y previsión al nuevo profesor universitario.

Sin embargo, algo insólito, cuando dichos profesores quisieron ejercer su derecho, la puerta estuvo cerrada. La respuesta fue tan escueta como injustificable: “las nuevas inscripciones están suspendidas hasta nuevo aviso”. Ese nuevo aviso aún no ha llegado. Han pasado ya tres años. Un tiempo de exclusión y discriminación.

Tres largos años de paciente espera. Los tres años que la soberbia convirtió en desprecio y daño. Pues el agravio no es solo simbólico. Es también de índole personal y patrimonial. Todo profesor UCista tiene derecho a ahorrar hasta el 15 % de su sueldo mensual, al que corresponde un aporte máximo equivalente al 10% por parte de la universidad. La suma de ambos totaliza un 25%. Ahorro total que no es un lujo: constituye una previsión legítima que impacta directamente en la ecuación de las prestaciones sociales, en el monto a recibir como bono vacacional y en el de fin de año.

Dicho sin más rodeos: un profesor que NO esté inscrito en el IPAPEDI percibirá menos ingresos anuales que otro que sí lo está, aun realizando el mismo trabajo, bajo las mismas obligaciones y con idéntica dedicación y escalafón académico. Hoy, cuando en el país comienza a entreverse una tenue pero posibilidad real de salir del hueco salarial en el que a los universitarios se nos ha sumido, la exclusión del Instituto previsional se vuelve aún más dañina para con nuestros 369 colegas. Está claro que a mayor salario, mayor capacidad de ahorro. Y a mayor capacidad de ahorro, mayor previsión y dignidad futura. Por tanto, negar dicha inscripción hoy es multiplicar el daño del mañana. No obstante, hay algo si se quiere más delicado —y más aventurado— que el mismo perjuicio económico.

Negar la inscripción en IPAPEDI no es solo impedir el ahorro. Es negar al profesor la condición de asociado y, con ello, violentar el derecho de participación ciudadana, a elegir y ser elegido dentro de una asociación civil que se rige por principios democráticos. Es instaurar, por la vía de los hechos, una ciudadanía previsional de primera y de segunda, incompatible con el espíritu universitario y con el ordenamiento jurídico nacional. Ninguna junta directiva, menos aún una con un ejercicio de hecho, debería desconocer derechos fundamentales por tiempo indefinido. La omisión prolongada se convierte en acto doloso. El silencio administrativo, en este caso, es una forma de exclusión activa.

Esta crónica no es una queja. Es un necesario desagravio a 369 profesores UCistas. Un recordatorio de que la universidad también se defiende ante los derechos desconocidos, ante las injusticias silenciosas, que se cometen contra los profesores más jóvenes a quienes se les dice, con cinismo y arrogante vileza, que no se les inscribe para “protegerlos” ―de qué y de quiénes.

Profesor(a), cuando se trata de derechos, esperar indefinidamente es casi aceptar la pérdida. Por eso nosotros y los 369 profesores no debemos cejar en clamar y reclamar la restitución inmediata de los derechos infringidos. Estamos demandando lo que legítimamente pertenece a nuestros colegas: el derecho a ser protagonistas de nuestro propio destino.

Negar la inscripción en IPAPEDI no es una mera omisión administrativa; es una expropiación silenciosa de derechos patrimoniales familiares. Y eso, perentoriamente, debe ser resarcido. ¡Vamos a por ello!

¡En IPAPEDI, Elecciones YA!