Entre fantasía bursátil y ecosistema sanitario autónomo: dos visiones en contraste.
En su mensaje de Navidad y Año Nuevo 2025, el ilegal presidente de IPAPEDI — a punto de cumplir dieciséis (16) años en el cargo, cuatro (4) de los cuales excedidos de mandato sin causa alguna que lo justificare— anunció al estamento profesoral UCista una nueva decisión del igualmente ilegal Consejo de Administración: la distribución entre los profesores socios, por segunda vez, de una cartera de títulos valores. El aludido anuncio, con el que se insiste en la pretensión de hacer creer que, los de la UC somos los únicos profesores universitarios de Venezuela, que somos solventes ahorristas y flamantes accionistas e inversionistas de la Bolsa de Valores de Caracas.
Sin embargo, se omitieron, al menos, dos datos esenciales. A saber: el monto dinerario total de dichos títulos valores y el cuándo, el dónde y en cuál asamblea de socios se autorizó dicha emisión. Tales informaciones son requeridas para saber; por una parte, la cuota accionaria individual que correspondería a cada uno de los casi 3.500 docentes socios del instituto y, por otra parte, muy importante, para saber si con ello se está dando cumplimiento a disposiciones legales, habida cuenta de que el desempeño de una asociación civil como la nuestra, debe ser de derecho y no de hecho. Lo anterior no es, pues, un detalle menor. La omisión, tal vez, es no solo contable sino intencionada, por lo que sería, por consiguiente, irresponsable e inaceptable.
La experiencia inmediata anterior así lo demuestra. En efecto, en noviembre de 2024 se ejecutó una operación similar — también irregular—, cuyo resultado fue que a un pequeño número de profesores que aplicaron en el link de la empresa de corretaje de valores Mercosur, les fue transferida una cartera de acciones valorada en 30 dólares, la cual, luego de diez (10) largos meses, apenas generó una capitalización cercana a 10 dólares. Vale decir, en términos reales: un (1) dólar mensual.
La capacidad de consumo de un (1) dólar, es simplemente insignificante si se la contrasta con el alto costo de los bienes y servicios. Un dólar mensual, como todos lo pueden advertir, no impacta la capacidad de compra, no incrementa la seguridad social y en nada dignifica la misión académica de ser profesores. Es, en el mejor de los casos, un espejismo, un gesto rimbombante, si es que se intenta reanimar el triste estado de necesidad de los docentes. En el peor de los casos, una burda y burlona fantasía bursátil para disfrazar la Emergencia Humanitaria Compleja que agobia la cotidianidad vivencial de los profesores.
De aquí emerge con nitidez el contraste entre dos visiones. La primera, es la visión del beneficio fragmentado, del reparto individual de migajas, del alivio inmediato y fugaz que no trasciende. Una lógica que privilegia lo individual sobre lo colectivo, que presenta como ganancia lo que en realidad es algo irrelevante, y que administra escasez sin proyecto real, sin horizonte y, por supuesto, sin participación legítima.
La segunda, es la visión del bien común construido con altura de miras que nos brinda la sinergia institucional. Es desde esta perspectiva que insisto en la creación de un Ecosistema Sanitario Autónomo (ESA) para la Universidad de Carabobo.
Una articulación sinérgica y estratégica entre la UC, FOPEDIUC e IPAPEDI, que permita a la comunidad universitaria — entendida como una auténtica comunidad de intereses comunes— contar con un sistema sanitario propio, mutualmente engranado.
La diferencia entre ambas visiones puede resumirse en una premisa sencilla pero de hondo calado: lo que es bueno para todos, termina siendo bueno para cada uno de nosotros; empero, lo que es bueno para unos, no necesariamente es bueno para todos. Un dólar mensual podría significar algo para alguien, pero un sistema sanitario autónomo (ESA) es una garantía permanente de seguridad y protección para todos.
Una cartera individual mínima se agota, una infraestructura sanitaria compartida se sustenta, se fortalece y ciertamente protege. Mientras lo primero es transitorio y de consumo efímero; lo segundo es previsión social permanente con pleno sentido de apoyo mutualista.
La universidad no es, desde luego, la suma de individuos aislados. Es una comunidad académica y social. Y sus cajas de ahorro de obligada previsión social no deberían, exclusivamente, limitarse a administrar migajas financieras, sino a coadyuvar en la construcción de bienes comunes que restituyan derechos, que promuevan la salud como supra valor de la vida y, que efectivamente, devuelvan la seguridad social a los miembros de la comunidad universitaria.
Entre migajas financieras en el ámbito bursátil y el ecosistema sanitario que sirva al supra valor de la vida que es la salud, el debate está planteado. Y no como un tecnicismo retórico: es ético, de responsabilidad e inteligencia en la toma de decisiones.
Profesor(a), iniciamos el año 2026 con la disposición actitudinal y la determinación cívica universitaria de procurar llevar a cabo las elecciones en IPAPEDI. La fuerza cívica de 600 profesores, quienes casi por unanimidad votaron en 11 asambleas, para elegir a los únicos 5 candidatos presentados a su consideración debe ser lo sustantivo. Vale decir, el hecho de que hubo casi unanimidad es nuestra más contundente prueba. Si en la elección asamblearia ocurrieron inobservancias de formalidades no esenciales y que se pretenda por ello no reconocer la
Comisión Electoral elegida casi por unanimidad, pues es menester entonces, invocar el art. 257 Constitucional que dice: “no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Es decir, sería improcedente pretender no reconocer la elección, aduciendo imperfecciones si, como es el caso, no afecta la esencia del resultado que emanó de la voluntad de los profesores de la UC.