La Usurpación (I)

La crónica de este domingo la intitulo LA USURPACIÓN (I), tema que me propongo desarrollar en dos (2) entregas dominicales consecutivas, con el fin de mostrar y señalar cómo el actual e ilegítimo presidente de IPAPEDI ―una asociación civil―, junto al resto de los integrantes de los Consejos de Administración y Vigilancia del Instituto, se encuentran en la condición de usurpadores. La usurpación, me permito recordar a usted profesor(a), es la actuación que consiste en apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno haciendo uso de la violencia, amenaza o engaño o abuso de confianza, para despojar a sus víctimas del dicho bien o derecho. Y es un delito penado por el ordenamiento jurídico venezolano.
En el caso de IPAPEDI, cabe recordar, que sus órganos directivos llevan más de dos años en un ejercicio irregular, ilegítimo, mientras se ejerce una función administrativa sin ninguna clase de control, completamente discrecional e inconsulta, ajena a la participación, establecida legalmente, que corresponde a sus legítimos propietarios, los 3500 profesores afiliados o asociados. Esto se ha hecho burlando o engañando, descaradamente y en varios momentos, a sus asociados con distintas ofertas de realizar las pendientes elecciones de nuevas autoridades. Ignorando, además, la obligación legal y estatutaria de rendir cuentas a sus afiliados y a los correspondientes órganos de supervisión.

No debe quedar, entonces, duda de que los profesores asociados hemos sido víctimas, bajo un constante engaño, del despojo de nuestro Instituto de Previsión Social, IPAPEDI, por parte de quienes, sin ningún pudor, se exhiben como sus gestores y, para mayor cinismo, incluso como sus benefactores. Pero por aquello de que la memoria suele ser corta, estimamos conveniente recordar a los profesores algunos aspectos puntuales.
Con fecha 16 de febrero 2023, el susodicho ilegítimo presidente y demás miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia en un “COMUNICADO A LOS ASOCIADOS DE IPAPEDI”, daban a conocer, entre otras cosas, que en la sesión 2038 de fecha 13-01- 2023 habían decidido convocar las asambleas parciales de facultades y delegados con el propósito de conocer y sancionar la memoria y cuenta de los años 2019, 2020 y 2021 y que luego se procedería a convocar los comicios electorales en el segundo cuatrimestre de 2023, con el objeto de elegir a los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y Delegados. ¡Como todos saben todo quedó en mentiras! De aquello queda, sin embargo, una gran verdad: En las asambleas que se realizaron en marzo de 2023, las Memorias y Cuentas presentadas por la Administración de IPAPEDI fueron abrumadoramente improbadas. Vale decir, de 4 profesores que votaron por improbar la memoria y cuenta, solo 1 votó por aprobarla.

Siguiendo con nuestro propósito de recordar las mentiras, pasamos a señalar que hay un Acta de Compromiso fechada en febrero de 2024, en la que el Presidente del Consejo de Administración Fermín Conde se comprometió con SUDECA a fijar la fecha de inicio del proceso eleccionario, lo cual hasta la fecha no ha cumplido (otra mentira más), motivo por el cual, corresponde al órgano supervisor, SUDECA, emitir el respectivo pronunciamiento a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, numerales 1,8 y 15 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.
Aspiro y espero que la Superintendencia de Cajas de Ahorro proceda a exigir a la directiva de la Asociación Civil IPAPEDI, el deber de acatar y cumplir la ley en virtud del vencimiento por más de dos años de su periodo de gestión, y la caducidad de todos los cargos de representación. Esto de conformidad con el Estatuto y lo pautado en el artículo 34 de la Ley sustantiva correspondiente.

La usurpación de funciones, hemos dicho, es un quebranto legal que puede acarrear consecuencias legales. Muy recientemente, el ilegítimo presidente de IPAPEDI hizo público en el ámbito de redes sociales ( el flyer con el cual ilustro la presente entrega) el anuncio que hace saber de la participación de IPAPEDI en “La 1era DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA DE CAJAS DE AHORRO A NIVEL NACIONAL como cuentahabiente e inversionista en la Bolsa de Valores Venezolana, con un portafolio inicial conformado por acciones de las principales empresas del país, tales como: Provincial, Proagro, Ron Santa Teresa, Mampa, Telares Palo Grande, entre otras...”.

Esto demuestra a todas luces cuál es ahora la preocupación y ocupación fundamental de quienes, prácticamente, han cancelado la función social previsional de IPAPEDI, para hacerse inversionistas para su personal provecho. De elemental sentido común surgen estas dos (2) preguntas:

¿En cuál Asamblea Extraordinaria de profesores, que constituye la máxima autoridad de las Cajas de ahorro, Fondo de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares ―como lo establece el artículo 9 de la Ley sustantiva―, se aprobó el propósito de utilizar el patrimonio del Instituto para hacerse cuentahabiente e inversionista en la Bolsa de Valores Venezolana?
¿Cómo un profesor universitario cuyo sueldo devengado hoy, no le alcanza ni para comer, puede tener a bien que quienes debieran administrar el Instituto de Previsión Social con sentido de solidaridad social, en este difícil momento, lo hayan “convertido” en accionista de una gran empresa financiera?

¡Esto no tiene nombre! Los aquí señalados piensan que los afiliados perdimos definitivamente nuestra capacidad de asombro y de lucha. Le haremos saber a SUDECA y a la Bolsa de Valores de Caracas, que quienes pretenden hacer inversiones en nombre de IPAPEDI, tienen más de dos (2) años con sus periodos vencidos y que, por consiguiente, no son otra cosa que usurpadores de un Instituto de Previsión que fue concebido por sus fundadores para brindar apoyo a sus afiliados y familiares.