Ley en mano y dignidad en la palabra
En IPAPEDI el tiempo pasa. Pero el reloj que indicaría el desempeño de la institución luce DETENIDO. Como si tuviera una avería en su mecanismo que impidiera la noble misión para la que se creó. Ya no atiende a la seguridad social de los profesores asociados, particularmente, la salud, que es el supra valor de la vida. La opacidad informativa es un claro indicador de la ausencia del binomio: gestión-comunicación, tan necesario en el ámbito de la gestión pública.
Verbigracia, la página WEB del instituto está, sencillamente, en modo off. Vamos para cinco (5) años sin asambleas de asociados. Cinco (5) años sin que los Consejos de Administración y Vigilancia presenten sus exigidas memorias y cuentas tal como lo establece la norma.
Desde hace seis (6) años los profesores no reciben sus dividendos. Igual tiempo tenemos los docentes sin reencontrarnos para recibir el obsequio navideño, que por mucho tiempo fue una tradición. Casi se cumplen cuatro (4) años de permanente violación del derecho de elegir y ser elegido. Esto, sin que exista alguna razón judicial o hecho natural sobrevenido que haya impedido efectuar los comicios.
Y, aun así, sorprendentemente, se hizo público con el mayor caradurismo (el domingo 7 del corriente), un aviso de ATENCIÓN, por parte del ilegítimo presidente del Instituto de Previsión Social, con su período vencido desde casi cuatro (4) años; donde anunciaba que se esperaba ingreso de recursos dinerarios a la UC, destinados al IPAPEDI; por consiguiente, debían ser transferidos a su destinatario. Y que si eso ocurría, se entregarían (¿?) a los profesores. Para muchos, aquello fue una bujía que disparó las alarmas del asombro, de la suspicacia e incredulidad.
De súbito, surgió una pregunta que hace parte del imaginario colectivo: ¿Debe la UC transferir dinero a un ente, que en cinco (5) años no ha rendido cuentas a los profesores UCistas y, cuyos directivos usurpan funciones, por cuanto han agotado su mandato legal hace ya casi cuatro (4) años? Los derechos violados y las penurias existenciales causadas, se guardan en el inconsciente y van a la memoria perpetua. ¿Cómo se podría olvidar que 369 nuevos profesores fueron privados del derecho a inscribirse en nuestro instituto de previsión social y ahorro?
La Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares (G.O. Nº 39866 de fecha 16-2-2012 y G.O. Nº 39553 fechada 15-11-2010) es diáfana en su Artículo 3: Las Cajas de Ahorros son asociaciones civiles sin fines de lucro, “creadas, promovidas y dirigidas por sus socios”. Así, entonces, los asociados reunidos somos la suprema y magna autoridad. Por tal motivo, no podemos, ni debemos, ser sustituidos por la voluntad de un individuo y/o de un órgano encontrándose en condición de franca irregularidad. Cualquier acto contrario al espíritu, propósito y razón de la ley, es sencillamente, nulo. Ese es el punto luminoso y focal de toda esta historia.
Sin asamblea de asociados no hay legalidad y sin legalidad no hay seguridad. Las asambleas no han sido convocadas en los últimos cinco (5) años. Todo, absolutamente todo, ha quedado en suspenso: memorias y cuentas improbadas, auditorías inexistentes, derechos vulnerados e infringidos. En el marco de esa dolorosa realidad, mi inquietud me motiva y mueve, no por reacción, sino por responsabilidad histórica. Mi petición tiene la sobriedad que se reserva para las causas justas: No se transfiera dinero alguno desde la universidad a IPAPEDI, hasta que el poder emanado de la autoridad legitimada lo autorice expresamente.
Pedir elecciones no es una solicitud caprichosa. Es la invocación de que se imponga la ley, la razón y la responsabilidad con la transparencia que ello exige. Por tales motivos, mantengo y sostengo que mi postura no es de obstrucción. Es más bien de amparo.
Ley en la mano y dignidad en la palabra, es el simbolismo con el que quiero revestir la crónica en este tercer domingo de Adviento. El presente artículo tiene tono, forma y fondo: no se niega el derecho a recibir los recursos. Se exige el derecho a que se imponga la legalidad. Los profesores debemos demandar ser escuchados. Nadie se debe arrogar el derecho a decidir por todos.
Mi llamado es a convocar e invocar la dignidad institucional. Hoy, la UC tiene en sus manos una decisión que no es meramente administrativa y contable. Es ética. Es jurídica y de justicia. Lo que está en riesgo es la credibilidad universitaria, porque una transferencia de disponibilidad financiera, sin empoderamiento legítimo, abre cauces a la desconfianza colectiva. IPAPEDI no es un ente de intermediación financiera. IPAPEDI es un pasado y un futuro previsional del profesorado UCista. ¡Vamos a por ello!