Ya la Esperanza no es promesa, es certeza.
El viernes 13 próximo pasado quedó formalmente juramentada la Comisión Electoral Principal (CEP), del IPAPEDI, a cargo de conducir el proceso electoral de renovación de autoridades del Instituto para el lapso 2026-2029. La juramentación, llevada a cabo en este caso por funcionarios de la Superintendencia de Cajas de Ahorro (SUDECA), órgano contralor y supervisor de las cajas de ahorro del país, no es meramente un acto protocolar fuera de serie, sino uno que constituye parte de las heterogéneas consecuencias habidas a causa de los fallidos intentos anteriores de nombrar la Comisión Electoral, siempre obstaculizada por la incorregible actuación del profesor Fermín Conde, quien desde el año 2022, fin de su periodo, impidió hasta más no poder la designación de la tal comisión.
Pero, por otra parte, debemos celebrar la voluntad de un estamento profesoral que se expresa, prácticamente, en términos de unanimidad. En un concierto de once asambleas parciales, diversas en la forma pero coincidentes en el fondo. Citas estas, en las que un total de 530 docentes decidieron, consciente y responsablemente, activar el mecanismo institucional que, ahora apartado el profesor Conde, nos permitirá restituir el orden democrático y el propósito asistencial de nuestro añorado Instituto de previsión social.
La Providencia Administrativa de fecha 4 de marzo de 2026, emanada del seno de SUDECA, no hizo sino recoger ese fervoroso anhelo soberano y traducirlo en una hoja de ruta clara y concisa: avanzar, sin más dilaciones, hacia la celebración deBelecciones para un nuevo periodo de gestión. En este sentido, la juramentación de la CEP no solo da visos de legalidad al proceso; sino que lo activa, lo protege de cualquier pretensión dañina y, al testimoniar acerca del patente apoyo profesoral, contribuye a su legitimación.
Frente a este grato y cívico escenario, resulta no tan solo desconcertante, sino decepcionante la actitud asumida por quien hoy ocupa, ilegítimamente, la presidencia del instituto. Pretender desconocer una decisión de tal magnitud del profesorado asociado y oponerse, además, a lo dispuesto por el órgano supervisor, que dicho sea de paso, actúa conforme a la ley; no se trata de un simple desacuerdo. No, constituye un incivil comportamiento, una negación abierta del debido respeto a la institucionalidad universitaria y un claro testimonio del talante antidemocrático que lo caracteriza.
Porque cuando la ley habla y la conciencia colectiva respalda, no hay espacio para la arbitrariedad. Resistirse entonces al acatamiento de lo decidido no es otra cosa que una ruptura con los principios más elementales de civilidad y convivencia democráticas.
Sin embargo y, pese a los vanos intentos de obstaculización, el rumbo está trazado. El cronograma electoral, cuya publicación es inminente, marcará el inicio de una cuenta regresiva que, en aproximadamente 45 días, conducirá a la elección de los nuevos Consejos directivos. Ese horizonte cercano no solo es una alcanzable meta: es una promesa de renovación, un punto de inflexión en la historia contemporánea de IPAPEDI.
La unanimidad alcanzada en las asambleas no debe ser vista como un episodio circunstancial, sino como la expresión más pura y dura de la soberanía profesoral. Es la evidencia de que, incluso en medio de la adversidad, la comunidad académica sabe reconocerse, organizarse y actuar en la dirección de alcanzar el objetivo.
Profesor(a), hoy, más que nunca, recuperar la institucionalidad extraviada y la perdida voluntad de servir de nuestro instituto es una causa viva que se defiende con la ley en mano y credibilidad en la palabra empeñada. Y el recuerdo de que, cuando la unanimidad expresada se convierte en mandato, el futuro deja de ser incierto y así, con la ley como bitácora y la voluntad acerada del profesorado como motor, el futuro está ya en marcha y es un propósito irreversible.
¡Vamos a por ello!