Lo alegado debe ser probado
Existe una expresión de procedencia jurídica que resume una regla elemental de toda actuación responsable: ”Todo lo alegado debe ser probado”. Más allá del carácter técnico con el que esta expresión pueda emplearse en el campo del derecho, ella encierra un principio que considero indispensable en el ámbito de una función institucional: No basta con afirmar, es necesario demostrar. Lo digo por cuanto desde que asumimos la responsabilidad de presidir el Consejo de Administración de IPAPEDI, hemos venido conociendo y mejor: revisando y documentando, lo que en nuestro criterio debe ser objeto de atención. Algunas de ellas resultan, si se quiere, lamentables.
Lejos de mi propósito querer convertir esta crónica en un espacio para formular señalamientos personales, y menos aún, para convertir esto en un tribunal de responsabilidades. Mi deber es otro: informar a los profesores UCistas, con fundamento y responsabilidad de todo cuanto tenga relevancia para la vida del Instituto. Y, en este caso, y bajo el criterio señalado, de lo que hemos encontrado al asumir su conducción. Y cuando digo informar, digo asimismo probar como veremos. Así, pasamos a referirnos al vehículo oficial del IPAPEDI. Para ello, ante todo, se transcribirá, literalmente, el primer párrafo del informe a cargo del Técnico Mecánico Automotriz, Sr. Andrés Eloy Martínez Vega, CI: 13131461.
Procedo a citar:
”En fecha 6-5-2026, se recibe en grúa de parte del profesor Fermín Conde, el vehículo tipo camioneta Jeep Cherokee, placa AC651NG año 2011 con motor 3.7 litros. Se realiza inspección, evaluación y diagnóstico de daños con los resultados siguientes: motor 3.7 litros fundido con daños irreversibles en bloque, culata, pistones, cilindros, taquetes, cigüeñal, árbol de leva, válvulas, bomba de aceite y resto de componentes en pésimo estado. Adicionalmente, recibimos alternador quemado e inservible. Radiador roto y sistema de aire acondicionado inservible por daños en compresor, evaporador y ductos de aire sin gas”.
Lo anterior, incontrovertiblemente, deja muy poco espacio para la interpretación subjetiva de quienes dirigimos el IPAPEDI. El informe en cuestión, debidamente escrito, elaborado y firmado por un testigo presencial: el especialista técnico que recibió y examinó la camioneta y que, en consecuencia; procedió a dejar constancia del estado en que fue encontrada, resulta más que elocuente, ¡es probatorio!. Además, el conjunto de fotografías que acompañan esta crónica, abundan suficientemente en fortalecer la evidencia. En ellas, como puede observarse, se deja ver, entre otros, el estado del bloque del motor, reportado como fundido; las condiciones en que se encontraron el compresor del aire acondicionado, el alternador, el sistema de enfriamiento y otros componentes del vehículo, que, sin duda, requieren bien de la reparación, algunos, o bien de la franca sustitución, otros. No se trata, pues, de una afirmación sin fundamento. Aquí están las pruebas. Un informe técnico. Un registro fotográfico. Un vehículo que fue llevado en grúa en deplorables condiciones. Y una realidad material que puede ser observada y, por tanto, verificada. Quedaría, conforme a derecho, que el presunto inculpado haga uso de su derecho a la defensa. En todo caso, asunto de quienes sustancien el expediente del caso.
Como Presidente del Consejo de Administración de IPAPEDI es mi deber preservar los bienes de la institución. Y, al mismo tiempo, rendir cuentas a todos quienes somos sus legítimos dueños: los profesores asociados junto al personal administrativo que tiene la misma condición estatutaria. No informar debidamente sobre aquello que encontramos en situación de daño, sería, a mi juicio, una forma de omisión que, en lo personal, no estoy dispuesto a asumir. Informar, insisto, no significa condenar. Para ello, sería necesario revisar documentos, establecer circunstancias, determinar la forma en que ocurrieron los daños, así como conocer las decisiones que pudieron haberse adoptado y, de ser necesario, establecer las responsabilidades administrativas, patrimoniales o de cualquier otra naturaleza que correspondan al caso.
Cada cosa a su debido tiempo y cada responsabilidad con su debido sustento. No pretendo juzgar a nadie desde estas líneas. Pretendo algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más exigente: que los profesores UCistas conozcan la verdad sobre el patrimonio de IPAPEDI. Ese que hoy tenemos la responsabilidad de gerenciar. Los bienes de IPAPEDI no pertenecen a quienes circunstancialmente ocupamos posiciones directivas. Pertenecen a sus asociados. Y quien administra bienes ajenos tiene una obligación que no puede eludir: rendir cuentas. Por eso hemos decidido sepultar la opacidad y abrir las puertas a la información veraz. Lo haremos con respeto, sin estridencias, sin descalificaciones y sin convertir la gestión institucional en un lugar para la querella personal.
Pero también lo haremos sin ocultar lo doloso que encontremos. Porque administrar no es solamente tomar decisiones cuando las cosas funcionan. Administrar también significa hacerse cargo de lo que se recibe. Y si hemos decidido recuperar el IPAPEDI para su misión de previsión y seguridad social, debemos comenzar por recuperar algo igualmente importante: la confianza en nuestra gestión.
Profesor(a), hoy domingo 6 de septiembre se cumplen 65 años de la fundación de IPAPEDI. Enhorabuena recordamos y celebramos con beneplácito, que el rector magnífico de entonces, Dr. Humberto Giugni Maselli junto a maestros profesores fundadores de los que el único que sobrevive es el Dr. Joaquín Alvarado Henríquez, tuvieron visión de altura de miras para hacer realidad nuestro instituto de previsión y ahorro. En este nuevo aniversario nos alegra y complace que estamos viendo el renacimiento del NUEVO IPAPEDI; el de las buenas y mejores voluntades y capacidades UCistas.